Abogado y Representante por el PNP
Nota Editorial: A continuación le ofrecemos la primera
de tres partes de una columna escrita por el representante Nestor
Aponte y que apareció originalmente en un rotativo de
San Juan. El autor es abogado y representante a la Cámara
de Representantes de Puerto Rico por el Partido Nuevo Progresista
(PNP).
La razón por la que miles de puertorriqueños no
se deciden a tomar una decisión que nos encamine a la
solución final de nuestro problema de status es el miedo
infundido sobre las posibles consecuencias de un cambio.
Desde la aprobación de la Constitución de Puerto
Rico en 1952, los defensores del Estado Libre Asociado han fomentado
un política de medias verdades y engaño, responsable
de la formación de un puertorriqueño desinformado,
inseguro y desconfiado.
El mejor ejemplo es que durante las presentaciones que se hicieron
ante la Cámara y el Senado federal, en el proceso legislativo
par a la aprobación de la Ley 600 de 1950, se dejó
claro en el récord congresional que la aprobación
de dicha ley y la ulterior adopción de una Constitución
por el pueblo de Puerto Rico en nada cambiaba o alte- raba nuestra
relación con Estados Unidos. Declararon que se trataba
de la adopción de una Constitución para regir nuestro
gobierno interno de forma igual a un estado.
Sin embargo, tan pronto se adoptó la Constitución
la campaña de medias verdades no se hizo esperar (cabe
señalar que Muñoz Marín invirtió
el orden del proceso y proclamó la Constitución
el 25 de julio de 1952, sin esperar a que el pueblo puertorriqueño
la ratificara, lo cual ocurrió en las elecciones gene-
rales siguientes en noviembre de 1952).
Se inició con el reclamo de haber logrado un nuevo status
de "Estado Libre Asociado" conscientes de que faltaban
a la verdad, ya que ese era el nombre que se le dio al "cuerpo
político" que anteriormente se conocía como
"El Pueblo de Puerto Rico" en las leyes organicas de
1900 y 1917.
Los populares se olvidaron de que en la Resolución Número
22 de la Asamblea Constituyente habian explicado que al adoptar
el nombre de "Estado Libre Asociado" lo hacian ante
el hecho de no haber encontrado una traducción adecuada
al término "Commonwealth", para precisar el
concepto de gobierno interno adoptado.
No cesaron de mentir durante los pasados 46 años de gobierno
territorial o colonial bajo el ELA y mienten en el presente.
La más reciente campaña de mentiras va encaminada
a detener el creciente descontento con nuestra relación
política.
(Los populares) quieren hacer creer al pueblo que el ELA, una
condición de inferiodidad política, es el único
que garantiza nuestra puertorriqueñidad y nuestra ciudadanía
americana simultaneamente.
(Los populares) confunden al pueblo con la realidad de que bajo
el ELA se disfruta de la ciudadanía de Estados Unidos,
pero no le dicen que por haber sido otorgada por ley su permanencia
depende de la buena vo- luntad del Congreso, que tiene plenos
poderes sobre Puerto Rico bajo la cláusula territorial
de la Constitución federal y el Tratado de Paris.
Mienten al decir que con la estadidad vamos a tener que dejar
de hablar español cuando saben que más de 2 millones
de puertorriqueños que viven en los 50 estados pueden
y hablan en español o en inglés a su discreción
como lo hacen los congresistas Luis Gutierrez, Nydia Velázquez
y José Serrano.
Callan ante la realidad...
Lo menos que podemos hacer todos los puertorriqueños es
darnos la oportunidad de conocer la verdad. No hay que tener
miedo. Miedo a qué?
Continúa la próxima semana.
