Independientemente de sus visiones o su interés ulterior,
todos, absolutamente todos los gobernadores electos por el pueblo
de Puerto Rico han intentado de manera alguna, redefinir esta
relación para hacerla más productiva, más
ventajosa y más eficiente.
Enumerar las intentos de implementar esta relación desde
la época de don Luis Muñoz Marín, sería
largo y hasta repetitivo pero basta sólo el indicarte
que el tema de Puerto Rico ha estado en la lista de asuntos fe-
derales por más de 40 años y se ha debatido en
foros internacionales, inclyendo las Naciones Unidas.
Aún cuando varios presidentes de la nación expresaron
su interés en que la definición que Puerto Rico
escogiera, fuera respetada y acogida, nunca se logró
crear un mecanismo aceptable que permitiera dilucidar, de una
buena vez, esta situación de tantos años de dudas
tan complejas.
Previos plebiscitos adolecieron de válidas y claras definiciones
que pudieran ser aprobadas por la institución en la que,
constitucionalmente, descansa la autoridad máxima sobre
Puerto Rico: el Congreso federal.
Felizmente, en 1993, a raíz de un plebiscito realizado
en la Isla y mediante solicitud de nuestra Asamblea Legislativa
al Congreso federal, para que respondiera a los resultados de
dicho plebiscito, se logró despertar un interés
real en cl Congreso fede- ral.
Este inició una serie de acciones, estudios y deliberaciones,
para tratar de interpretar, entender y buscar soluciones al dilema
centenario de Puerto Rico.
El año pasado, la Cámara de Representantes federai
inició un debate amplio y serio sobre las opciones válidas
de status y decidió definir cada una, sobre las cuales
el Congreso podría tomar decisiones ulteriores.
Simultáneamente, el propio Presidente de los Estados Unidos
volvió a endosar la libre determinación del pueblo
puerto- rriqueño y se responsabilizó en hacer realidad
1a solicitud que este pueblo hiciera, cualquiera que esta fuera.
Al entrar el tema en el hemiciclo del Senado federal, este retomó
el asunto con igual interés y se encuentra actualmente
inmerso en un proceso similar al de la Cámara de Representantes.
Por nuestra parte, en Puerto Rica, hemos continuado en estos
años en un franco proceso de avance y definición
del camino futuro que ha de tomar nuestra sociedad, tanto económicamente,
como en aspectos tan fundamentales coma la salud, la edudución,
la ley y el orden, la infraestructura y muchos otros más.
Estas decisiones y acciones de futuro, muchas veces se encuentran
sazonadas de un factor que no debería afectarlas; un factor
divisivo que tiene sus raíces en la falta de definición
de nuestro status político final.
Esta indefinición afecta en muchos sentidos el derrotero
futuro de nuestro pueblo y no nos permite un progreso más
decisivo, más acelerado y más exitoso.
Por eso, a pesar de haber experimentado un desarrollo más
coherente y elevado que el de los países vecinos y de
casi todo el hemisferio, aún nuestra Isla languidece en
comparación con los logros de otras juridicciones de la
Nacióm Americana.
Esto nos lleva a concluir que la situación política
de Puerto Rico, requiere una dosis de decisión y acción
a corto plazo, a fin de erradicar del debate diario, este elemento
divisivo y obstructivo, para así poder dar rienda suelta
a nuestra capacidad de progresar sin limitaciones, de manera
justa y equitativa.
Por eso a la luz de esta imperiosa necesidad que se nos hace
urgente en los albores de un nuevo siglo, me he esforzado por
tratar de llegar a una encrucijada que nos permita la definición
final y decisiva de nuestra realidad.
